Así es como la Policía británica sacó a la fuerza a Assange de la Embajada de Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, solicitó al Reino Unido que ofreciera garantías de que Assange no será entregado a un país donde su vida corra peligro. 

Poco después, la Policía británica sacó por la fuerza al fundador de WikiLeaks y lo puso "bajo custodia en una comisaría de Policía del centro de Londres, donde permanecerá hasta comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster tan pronto como sea posible".

VEA TAMBIEN: JULIAN ASSANGE ES ARRESTADO EN LONDRES

El proyecto Tren Playero de Ecuador iniciará con 1000 millones de dólares

El presidente Lenín Moreno causó sorpresa al anunciar la creación de un tren playero, cuya parada final será en la ciudad de Manta.

El recorrido del tren playero empezaría en Daule o Nobol y pasará por Guayaquil, se encaminará hacia Posorja y luego a la provincia de Santa Elena. Finalmente recorrerá las playas de Manabí.

“400 kilómetros de tren de velocidad, con un trayecto que impulsará el turismo, dará a conocer nuestras bellas playas, descubrirá al mundo los pueblos mágicos de Ecuador, promoverá arte, cultura y gastronomía y fomentará el comercio de la pesca, pero sobre todo, dará a todos los compatriotas guayasenses, peninsulares y manabitas la oportunidad de nuevos emprendimientos y un motivo más de orgullo de pertenencia a las playas más bellas del mundo”, mencionó el mandatario durante su intervención en la sesión solemne por los 198 años de Independencia de Guayaquil este martes 09 de octubre de 2018.

EL TREN

En una ruerda de prensa,  el secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, y  Aurelio Hidalgo, Ministro de Transporte, anunciaron que los los estudios y la primera etapa del Tren Playero costarán cerca de mil millones de dólares. Proyecto que se ejecutará bajo el sistema de concesión.

Además se informó que la primera etapa de la línea férrea estará lista en los próximos 26 meses. Etapa que comprende 90 kilómetros  desde el cantón Daule hasta Posorja.

La segunda etapa sería construida con un posible subsidio del Estado ecuatoriano, anunció Hidalgo.

Lenín Moreno gana alrededor de 10000 dólares mensuales

Un ingreso mensual de USD$ 9.692,5 percibe Lenín Moreno, Presidente de la República del Ecuador. El monto se compone de dos días: una pensión como ex Vicepresidente y el sueldo como actual Primer Mandatario. Por haber fungido las funciones durante el Gobierno de Rafael Correa gana USD$ 4.057,5, mientras que el salario por sus actuales funciones es de USD$ 5.635.

22 beneficiarios existe en la lista de rol de pensiones vitalicias de exmandatarios del mes pasado. Diez por el ejercicio como jefes de Estado y doce como vicepresidentes, informó diario El Universo.

Los montos que perciben las ex autoridades cambian dependiendo de la cantidad que se fije para los que están en funciones.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), la pensión vitalicia mensual equivale al 75% de la remuneración vigente y se paga a aquellos exmandatarios que hayan sido elegidos “constitucionalmente por votación popular y (que) se hayan posesionado en el cargo”.

La norma exceptúa “a quienes se les revoque el mandato”.

En la lista que despacha la oficina de Talento Humano periódicamente está Lenín Moreno, quien integra la lista de ex vicepresidentes. Al mes recibe USD$ 4.057,5 por este concepto.

A más de su pensión integra como ex Segundo Mandatario, también recibe el sueldo de Presidente Constitucional de la República.

Su pago de presidente es de USD$ 5.635 y su pensión de ex vicepresidente es de USD$ 4.057,5, danto un total de USD$ 9.692,5 mensuales.

Con información de El Universo y Ecuadorinmediato

Interpol suspende orden de prisión contra Correa

El abogado del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, Christophe Marchand, informó que la Interpol suspendió la orden de prisión, debido a que el juicio tenía tintes políticos.

La defensa de Correa por el caso Balda indicó que la suspensión se dio luego que enviaran una capeta a Francia, sede de Interpol, en los cuales se mostraba que el juicio no estaba apegado a derecho, sino con fines políticos.

“Se judicializa a los anteriores gobernantes para sacarlos de la palestra política”, apuntó el abogado.

Asimismo, explicó que la situación con Correa está basada en el marco de la persecución política que existe en América Latina contra exgobernantes, casos que ya se han denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora se espera que el Juzgado de la Comisión  de Control de los Ficheros de Interpol decida si se para definitivamente la demanda contra Correa.

Marchand destacó que no hay pruebas que vinculen al exmandatario con el secuestro del exasambleísta Fernando Balda, por lo que espera que los jueces resistan a las presiones.

Al respecto, indicó que presentaron una querella ante las Naciones Unidas para detallar las irregularidades del proceso judicial, y ahora están en la espera de su estudio para que se dé el pronunciamiento

Kim Kardashian podría postularse como candidata a la presidencia

Cardi B quiere unir fuerzas con Kim Kardashian West como su vicepresidente.

Cardi B fue abordada por paparazzi cuando salía de The London NYC, el jueves, y fue cuestionada sobre la esperanza de su novio, el rapero Offset, de una posible carrera presidencial de Kim Kardashian. Informa tmz.com.

Y Cardi B revela que Kim ha estado pensando en política desde hace algún tiempo, y que ella le ha ofrecido participar junto a ella en la vicepresidencia.

Ella insinuó que ella y Kim ya han hablado sobre la presidencia, y esa es la verdadera razón por la cual Offset ha expresado que daría su voto a Kim Kardashian West.

La fiebre del dólar pone contra las cuerdas al Gobierno de Macri

La escalada desorbitada del dólar ha puesto a Mauricio Macri contra las cuerdas. El Gobierno atraviesa la peor crisis de su breve historia y los mercados exigen cambios inmediatos. El presidente de Argentina, reacio a modificaciones, analiza una reforma de calado en su Gabinete, pero el todavía todopoderoso Marcos Peña descartó cualquier trueque o baja de ministros.

El anuncio del presidente de Argentina de la víspera de recurrir a otro tramo del préstamo del FMI tuvo el efecto contrario al deseado. En lugar de serenar la avidez de compra de dólares, los avivó. La gente se echó a la calle a adquirirlos y el mercado mayorista se mantuvo en su obsesiva carrera de compra. Cuanto más subía la divisa estadounidense, más demanda se registraba, un fenómeno contrario al que sucede con otros valores o productos en Argentina y el resto del mundo.

Una gestión cuestionada

Macri no logró transmitir certidumbre y su escueto comunicado de volver a tocar la puerta del FMI para que le anticipe «plata fresca» no encontró solidaridad entre los suyos. Por primera vez en la historia, el peso Argentino estuvo por debajo del uruguayo. Luis Caputo, titular del Banco Central, optó por subir las tasas de interés de referencia del 45 al 60 por ciento y aumentar el «encaje» a los bancos. El endurecimiento de la política monetaria tenía como objetivo retirar pesos para frenar la demanda descontrolada del «billete verde». El objetivo lo cumplió cuando la divisa toco los 41 pesos.

El ex ministro Caputo fue el elegido por Macri para reemplazar a FEDERICO Sturzenegger, al frente del Central, después de la «corrida cambiaria» de hace poco más de cinco meses. Lo que entonces parecía un zimbronazo pasajero evolucionó en una crisis que obligó al Ejecutivo de Macri a volver al FMI. El respaldo del Fondo pareció calmar las aguas de la revuelta financiera pero el tiempo demostró que no era así aunque Argentina se alejó -y está lejos- de una posible amenaza de suspensión de pagos. El país siguió cumpliendo con sus compromisos y con los pagos, a intereses de hasta el 40 por ciento, de las LEBAC, las Letras del Banco Central «made in Sturzenegger», que tienen acorralado al Ejecutivo argentino con sus vencimientos.

En pleno ataque de nervios callejero, Marcos Peña, mano derecha de Macri y fusible obligado para los mercados y buena parte de los socios de Cambiemos (coalición de Gobierno) daba la cara en el Consejo de las Américas. Argentina, dijo, «es un barco con múltiples averías, pero las estamos resolviendo. No vamos a gobernar negando la realidad», reconoció.

Las fiebre por el dólar se entiende por la desconfianza a un Gobierno que rechaza cambiar el rumbo frente a una tormenta provocada por una combinación de errores propios y otros heredados de la gestión anterior, tras doce años de populismo salvaje.La devaluación del peso de este mes fue del 22,8 por ciento y en lo que va de año superó el 80 por ciento. El FMI le facilitará al Gobierno de Macri 21.000 millones de dólares antes de diciembre y 29.000 para 2019, último año de su mandato.

Miles de argentinos salen a las calles contra el ajuste presupuestario de la universidad pública

Miles de argentinos se han manifestado este jueves en el centro de Buenos Aires contra un ajuste del presupuesto de las universidades públicas con el que el Gobierno trata reducir el déficit fiscal, en medio de una grave crisis financiera.

Estudiantes, docentes, sindicalistas y políticos opositores al presidente de Argentina, Mauricio Macri, han llegado a la Plaza de Mayo, para pedir una subida de los salarios que compensen la alta inflación y un mayor presupuesto para las universidades públicas.

«¡Defender la universidad pública!», se leía en algunos de los carteles de los manifestantes que cantaban contra el Gobierno bajo una intensa tormenta.

Con la Universidad de Buenos Aires a la cabeza, las instituciones educativas públicas argentinas, que son totalmente gratuitas, se encuentran entre las mejores de América Latina.

En medio de una huelga que lleva semanas, los docentes y otros empleados universitarios piden un ajuste salarial superior al 15% ofrecido por el Gobierno, ya que se estima que la inflación podría acercarse al 35 por ciento este año.

Sin embargo, Macri se ha mostrado inflexible a la hora de negociar los ajustes salariales en el sector público, con la intención de cumplir con la promesa que hace meses hizo al Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir el déficit fiscal a cambio de una multimillonaria línea de crédito. Recientemente, el Gobierno recibió críticas por ajustes en otras áreas, como el sanitario.

La masiva protesta muestra las dificultades que enfrenta Macri, quien planea ser reelegido en 2019, para realizar un ajuste en la economía, en momentos en los que su Gobierno está afectado por una grave crisis financiera.

La ONU pide a Brasil que deje presentarse a Lula a los comicios

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió ayer a Brasil que permita que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se encuentra en prisión, ejerza sus derechos políticos y pueda presentarse a las elecciones presidenciales. «Esto incluye tener un acceso apropiado a los medios de comunicación y a los miembros de su partido político», indicó el organismo.

Encarcelado desde abril, el exmandatario, favorito en las encuestas, presentó formalmente el jueves su candidatura ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), que fue impugnada en mismo día por la Fiscal General de la República, Raquel Dodge.

Batalla legal

La del pasado jueves fue la primera jornada de lo que promete ser una dura contienda legal del Partido de los Trabajadores (PT) y de movimientos sociales para conseguir la libertad del expresidente y su futura elección.

«No desistiremoshasta tener a Lula como candidato», declaró a la prensa extranjera la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, añadiendo que su partido hará todo lo necesario para llevar su foto a las urnas y a la propaganda electoral. «No reconocemos lo que está siendo hecho con él desde el punto de vista judicial y legal», subrayó.

Según la joven ley Ficha Limpia, candidatos condenados en segunda instancia, como es el caso de Lula, son inelegibles. Hoffmann ve, sin embargo, salidas legales, entre ellas, un caso similar en que un candidato a alcalde fue electo encarcelado, y liberado para ejercer su mandato.

Haddad, la alternativa

En un artículo publicado esta semana en el diario norteamericano «The New York Times», el propio Lula se defiende de lo que llama «un golpe» de la derecha sobre fuerzas progresistas, «con todas las encuestas probando que vencería fácilmente las elecciones de octubre».

El exmandatario fue condenado a doce años de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de fondos, aunque su defensa cuestiona el proceso. Sus abogados necesitan una salida para el expresidente antes del 17 de septiembre, fecha límite para sustituirlo por su candidato a vicepresidente, el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, un carismático filósofo de 55 años. A diferencia de Lula, que tiene más del 30% de apoyos en las encuestas, Haddad tan solo obtiene en los sondeos más recientes un 7%.

Sin Lula como candidato, el favorito es el ultraderechista Jair Bolsonaro, que tiene un 21% de apoyos en los sondeos. Sin embargo, y según las encuestas, un alto índice de rechazo impediría que Bolsonaro fuera elegido en la segunda vuelta. Al lado de Lula y Haddad, otros doce candidatos se presentaron a la presidencia, que se disputará en las elecciones que tendrán su primera vuelta el 7 de octubre.

Maduro sube 35 veces el valor del salario mínimo en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aumentado este viernes el salario mínimo de los trabajadores al elevarlo hasta un nivel 35 veces superior al actual, lo que equivale a 723 ó 45 dólares, según las tasas oficiales de referencia en el país.

El sueldo pasará de 5.196.000 bolívares (20,8 ó 1,30 dólares) a 180.000.000, una cantidad que será expresada en «bolívares soberanos», como se llamará la moneda nacional desde el próximo lunes, cuanto entrará en vigencia una reconversión monetaria que le quitará cinco ceros al signo.

«He fijado el salario mínimo, las pensiones y la base de salario para todas las tablas salariales del país en medio petro, 1.800 bolívares devengarán los trabajadores en salario mínimo», dijo. El mandatario explicó que el «petro», la criptomoneda gubernamental, tendrá una valor de 3.600 bolívares soberanos (1.446 ó 89,7 dólares) y reiteró que este mecanismo será el anclaje del nuevo bolívar soberano. «Quiero anunciar que en el nuevo esquema para cambiarlo todo e ir a una reconversión económica que favorezca, el nuevo salario mínimo basado y anclado en el petro, va a estar anclado en el petro para su recuperación total», expresó.

Maduro explicó que al igual que los trabajadores, los pensionistas recibirán desde el 20 de agosto el mismo monto que será, además, «la base de la actualización para los próximos días y semanas de todas las tablas salariales». Señaló que el lunes se depositará una bonificación de 600 bolívares soberanos (241 ó 15 dólares) a 10 millones de inscritos en el gubernamental Carné de la Patria, un censo en el que el Gobierno asegura se ha registrado la mitad de la población y que la oposición cuestiona por ser un arma de «control social y político». Este bono, explicó Maduro, servirá para la «adaptación» a la reconversión, pero solo beneficiará a un tercio de la población.

El jefe de Estado informó de que el Ejecutivo asumirá «por los próximos 90 días el diferencial de la nómina salarial de toda la pequeña y mediana industria del país para que no haya impacto sobre la inflación». Remarcó que esto abarcará a empresas públicas y privadas para que no tengan «excusas» de querer aumentar los precios. «Tiene que haber Gobierno, tenemos que retomar el papel del Estado como gran regulador, la autoridad del Estado y del gobierno para hacer valer las reglas económicas», agregó.

Estas medidas se enmarcan en el programa de recuperación y expansión económica que impondrá el Ejecutivo desde el lunes y con el que espera salir de la profunda crisis económica.

Lenin Moreno en la mira: Cambio de guardia tras las rejas en Ecuador

El cambio de guardia de esta semana se realizó tras las rejas, debido a la multitud de personas que se aproximan hasta el palacio de carondelet a faltarle el respeto al presidente de Ecuador Lenin Moreno.

 

Despedido el agente del FBI que dijo que evitaría que Trump fuera presidente

El agente Peter Strzok, el empleado del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que aseguró en un mensaje que evitaría que el ahora presidente de EE.UU., Donald Trump, llegara a la Casa Blanca, ha sido despedido de la agencia, según han informado este lunes medios de comunicación locales.

De acuerdo a un comunicado de su abogado, citado por la prensa, el FBI decidió que Strzok dejara de formar parte de su equipo de investigadores el pasado viernes después de que hace meses se hiciera pública una conversación en privado con su amante durante la campaña electoral de 2016. En ese diálogo, una abogada del FBI con la que Strzok mantenía una relación sentimental preguntaba al entonces agente si Trump llegaría a ser presidente y él le respondió: «No, no lo conseguirá. Le pararemos».

El abogado de Strzok consideró el despido «una salida de las prácticas típicas del Buró», que «contradice» las afirmaciones de su jefatura, que aseguró en el pasado que seguiría los procedimientos normales en el caso de su cliente. Strzok participó en las pesquisas sobre el uso del correo electrónico de la rival electoral de Trump en las presidenciales, Hillary Clinton, y en el inicio de la investigación sobre la trama rusa, que encabeza el fiscal especial Robert Mueller, hasta que se hizo pública la conversación con su amante y fue apartado del caso.

La figura de Strzok, que quedó desprestigiada en un informe interno del FBI publicado en junio, ha sido utilizada en múltiples ocasiones por Trump para atacar el trabajo de Mueller, que lleva a cabo averiguaciones sobre los supuestos vínculos entre la campaña de Trump y el Kremlin.

A comienzos de julio, el exagente explicó ante dos comités del Congreso que había tenido en su poder informaciones que habrían acabado con la candidatura del magnate en 2016, pero que nunca se le pasó por la cabeza hacerlas públicas, y enfatizó que el FBI no está contaminado por motivaciones partidistas. «Déjenme aclararlo, inequívocamente y bajo juramento: ni una vez en mis 26 años de defensa de mi país mis opiniones personales han impactado en las acciones oficiales que he ejecutado», enfatizó al ser preguntado por los congresistas de la Cámara de Representantes.

Más de 400 heridos en una protesta contra el Gobierno en Rumanía

Unas 440 personas, 24 de ellas agentes de Policía, resultaron heridos en la multitudinaria manifestación contra el Gobierno que tuvo lugar anoche en Bucarest, según han informado hoy los servicios de urgencias. Un total de 65 heridos, 11 de ellos policías, tuvieron que ser hospitalizados.

Los medios rumanos estiman que unas 110.000 personas participaron el viernes en la concentración en la Plaza de la Victoria para protestar contra la corrupción.

Decenas de personas intentaron romper el cordón policial que protegía la sede del Gobierno, provocando que las fuerzas del orden intervinieran lanzando gases lacrimógenos. La Policía usó también cañones de agua y porras contra los manifestantes.

El propio presidente del país, el conservador Klaus Johannis, criticó la «brutal manera de proceder» de la Policía contra los manifestantes.

Johannis exigió una explicación sobre lo sucedido a la ministra del Interior, Carmen Dan, sobre lo que calificó de «intervención desproporcionada» de la Policía.

Las autoridades policiales, sin embargo, insistieron este sábado durante una rueda de prensa en que la actuación estuvo justificada, que se trató de «violencia legítima del Estado» y que los agentes intervinieron cuando fueron atacados.

Petición de dimisión de dirigentes políticos
Los manifestantes reclamaban la dimisión de la primera ministra socialdemócrata, Viorica Dancila, y del presidente del Parlamento, Liviu Dragnea.

Dragnea, líder del gobernante Partido Socialdemócrata de Rumanía, es el verdadero hombre fuerte de Rumanía, pero no puede ser investido primer ministro por una condena en 2016 por fraude electoral.

El Gobierno de coalición, liderado por los socialdemócratas, ha tomado en los últimos años varias polémicas medidas, que sus críticos dicen dificultan la lucha contra la corrupción, y que han provocado distintas oleadas de protestas populares.

El Parlamento de Rumanía aprobó el pasado julio despenalizar parcialmente el abuso de poder, un cambio legal que puede beneficiar también a Dragnea, que un mes antes había sido condenado a tres años y medio de prisión justo por ese delito.

Galo Lara, sentenciado por triple crimen, salió en libertad

El juez José López Torres, de la Unidad Penal de la Florida (Guayaquil), dictó la prelibertad para el exasambleísta Galo Lara Yépez, quien desde 2014 cumplía una pena de 10 años de prisión por su participación en un triple crimen en Quinsaloma, localidad de la provincia de Los Ríos. 

Pasadas las 13:00, el sentenciado recuperó su libertad.  A las 09:00 de este viernes 3 de agosto se realizó la audiencia en su caso. 

El juez determinó la prelibertad para Lara, que deberá presentarse periódicamente ante la justicia. 

Según la defensa de Lara, no usará grillete electrónico y podrá movilizarse en todo el territorio nacional. 

En la audiencia estuvieron también los expresidentes Lucio Gutiérrez y Abdalá Bucaram, así como la exasambleísta Lourde Tibán, quien integró el equipo de abogados de Lara.

Denuncia por venta de puesto en ministerio llega a Fiscalía

La supuesta venta del puesto de ministro de Agricultura, por un millón y medio de dólares, provoca  reacciones. El movimiento CREO presentó este 7 de junio de 2018 una denuncia en la Fiscalía para que se investiguen declaraciones emitidas por el titular de esa cartera de Estado, Rubén Flores, y también un audio que circula en redes sociales y fue grabado por el asambleísta Patricio Mendoza.

El presidente del movimiento CREO, César Monge, junto con varios asambleístas de esa bancada, entre ellos Héctor Yépez, presentaron la denuncia. “Hoy denunciamos en Fiscalía que se ofrece millón y medio de dólares por el ministerio de Agricultura. Increíble que levanten plata para repartirse cargos y no para ayudar a nuestros campesinos en crisis. Que se investigue todo y a todos”, señaló el legislador.

Yépez presentó el 5 de junio de 2018 en la Asamblea Nacional una moción para que el ministro y otras autoridades y dirigentes del sector, comparezcan en un plazo de seis días hábiles ante el pleno legislativo y que explique el contexto de sus declaraciones. 

Sobre el audio de la conversación entre Mendoza, antes asambleísta de la alianza CREO-SUMA y ahora independiente, y el ministerio de agricultura, el legislador reconoció haber grabado ese diálogo, dijo que fue hace varios meses y que lo envió a la presidencia de la República para que se investigue y judicialice.

La OEA ve indicios para llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional

El régimen de Nicolás Maduro ya se encuentra en el disparadero desde el punto de vista jurídico. Los expertos independientes a los que la Organización de Estados Americanos (OEA) encargó un informe legal para determinar si en Venezuela se habían cometido estos años crímenes de lesa humanidad, han respondido afirmativamente, tras ocho meses de trabajos de recopilación de datos y testimonios de víctimas de abusos. El informe concluye que los presuntos delitos han sido cometidos, al menos desde 2014, por «las primeras autoridades de Venezuela, como una forma organizada y sistemática de conculcar los derechos fundamentales de un sector político del país, considerado la oposición».

El demoledor trabajo de los juristas denuncia la comisión probada de 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015, así como la detención «arbitraria» de más de 12.000 desde 2013. De ellos, al menos 289 fueron «sometidos torturas por los aparatos represivos del Estado». También da por probada la existencia de violencia sexual contra muchos detenidos, incluida «la violación y las descargas eléctricas en los genitales».

El documento, de más de 400 páginas y que apunta otros datos como los 338 presos políticos que hay en la actualidad en Venezuela, acusa al régimen de un «ataque sistemático que forma parte de un patrón en el que se han utilizado todos los resortes del Estado, también la policía política y el poder judicial».

Los expertos recomiendanque, a la luz de que existe «fundamento jurídico suficiente», la OEA remita su informe a la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, a quien sugiere abrir una investigación con vistas a un posible proceso judicial contra los responsables del régimen.

Aunque en origen fue el exfiscal del tribunal penal Luis Moreno Ocampo el que dirigió la indagación, tuvo que ausentarse tras publicarse informaciones que le señalaban como autor de transacciones financieras presuntamente irregulares. Finamente, han sido Manuel Ventura Robles (Costa Rica), Irwin Cotler (Canadá) y Santiago Cantón (Argentina), también experimentados en asuntos relacionados con posibles delitos contra la humanidad, los encargados de completar y firmar un informe que podría situar al presidente venezolano en el banquillo de la CPI. Su Gobierno renunció a participar en el proceso alegando que el presidente de la OEA «sólo perseguía derrocar a Maduro».

Una larga investigación

Desde que iniciaran los trabajos, los juristas presidieron tres audiencias públicas, en septiembre, octubre y noviembre. Comparecieron 26 representantes de la sociedad civil, víctimas del régimen chavista, desde familiares de presos y exiliados hasta cargos públicos y militares apartados y chantajeados, según las experiencias que relataron. A continuación, otras fuentes, como ONGs y otros organismos internacionales, fueron aportando información. A partir de ahí, el estudio jurídico de los expertos, apoyado en el artículo 7 del Estatuto de Roma, ha completado el informe presentado este martes.

Adelantándose al informe de la OEA, que podía esperarse negativo para el régimen, Maduro ordenó el pasado fin de semana la liberación de la mayor parte de los presos políticos. Sin embargo, la noticia, que se produjo tras la mediación del expresidente español Rodríguez Zapatero, coincidía casi en el tiempo con el arresto de otras catorce personas por idénticos motivos, según denunció la ONG Foro Penal.

Maduro ordena liberar a la mayoría de los presos políticos

Nicolás Maduro busca por todos los ángulos ser el foco de atención después de haber celebrado unas elecciones presidenciales antes de tiempo y sin las condiciones mínimas para que fueran democráticas y transparentes. Su primer compromiso al frente del Ejecutivo, después de haberse proclamado nuevamente como presidente ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), está siendo cumplido «a medias» con la liberación de algunos presos políticos.

De acuerdo a informaciones a las que tuvo acceso ABC, hoy la Comisión de la Verdad, que dirige Delcy Rodríguez, anuncia la excarcelación de la mayoría de los presos políticos. Poco después de que se haga pública la medida, la orden de Maduro es que sean puestos en libertad inmediatamente.

Esta acción del Gobierno de Venezuela tiene un solo rostro protagonista: José Luis Rodríguez Zapatero. El rol del expresidente en las negociaciones con el régimen bolivariano ha sido fundamental para alcanzar un acuerdo en la liberación de los más de 350 presos políticos que tiene Venezuela.

En la audiencia privada que sostuvo el papa Francisco con Rodríguez Zapatero el pasado martes, el expresidente le habría dado la buena noticia a El Vaticano. El contenido de dicha reunión no se llegó a públicar. Sin embargo, Zapatero aprovechó el encuentro para informarle del acuerdo que logró junto a Nicolás Maduro, durante su reciente visita como observador de los comicios electorales realizados en el país. Asimismo, el Gobierno de España y la Unión Europea también están en pleno conocimiento de los hechos gracias a la gestión de intermediación de Zapatero.

Nuevos arrestos

Con la misma facilidad que Nicolás Maduro saca de la cárcel a unos, detiene a otros. Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal, denunció el sábado el arresto de 14 nuevas personas por motivos políticos. Al menos nueve de ellos entre oficiales y civiles fueron presentados en tribunales militares de Caracas la mañana de ayer.

«De nada sirve excarcelar presos políticos si en paralelo sus celdas se vuelven a llenar con nuevos encarcelados», señaló Himiob a través de su cuenta de Twitter. Además, el Foro Penal no dejó de señalar que todavía quedan 346 presos políticos en las cárceles de todo el país, a quienes se les ha violado el debido proceso y sus derechos humanos.

El hecho ocurrió en el marco de la reciente liberación de los 20 venezolanos excarcelados en el estado Zulia, así como del ciudadano norteamericano Joshua Holt, de 26 años, recluído en la sede principal del Sebin, El Helicoide, desde el año 2016.

Otro de los que se involucró en la situación carcelaria de Venezuela, fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue el encargado de notificar la excarcelación y, posteriormente, la llegada de Holt al país. «Estoy esperando ver a Joshua Holt esta noche en la Casa Blanca. ¡La gran comunidad de Utah está celebrando!, dijo en su cuenta de Twitter.

Las gestiones para que el norteamericano regresara a EE.UU. comenzaron después de los disturbios y la huelga interna que levantaron los presos dentro de El Helicoide el pasado 18 de mayo.

Joshua Holt publicó dos vídeos en redes sociales en las que exhortó al presidente de EE.UU. a garantizar su vida y a mediar por su libertad. «Quieren matarme y pintar las paredes con mi sangre. Me dicen que mientras mi gobierno continúe atacando a Venezuela seguiré preso. ¡Ayuda!», fueron las palabras del joven mientras permanecía preso.

El "Spiderman de Malí" ha tenido suerte: Francia cada día es menos tolerante con la inmigración

Un chico de 22 años arriesga su vida, escala cuatro pisos y es capaz de salvarle la vida a un bebé que pendía de la barandilla de su hogar. La situación es captada por las cámaras de los transeúntes parisinos, después le entrevistarán diversas cadenas de televisión. En menos de 48 años Mamoudou Gassama ha logrado reunirse en exclusiva con el Presidente del Estado en el Palacio del Elíseo, ser condecorado, ganarse un trabajo como bombero y recibir la ciudadanía francesa que no tenía, ya que se trataba de un inmigrante ilegal.

Los superhéroes existen. Este se llama Mamoudou Gassama. Este inmigrante de Mali sin papeles escaló 4 pisos en 30 segundos para salvar a un niño que colgaba de un balcón en París. Tendrá la nacionalidad francesa y se hará bombero.

Los superhéroes existen. Este se llama Mamoudou Gassama. Este inmigrante de Mali sin papeles escaló 4 pisos en 30 segundos para salvar a un niño que colgaba de un balcón en París. Tendrá la nacionalidad francesa y se hará bombero pic.twitter.com/GS9cUgBDa0

— Haizam Amirah-Fernández (@HaizamAmirah) 28 de mayo de 2018

Así se ha vendido la historia del “Spiderman de Malí”, un chico que sólo hizo lo que le pareció correcto para salvar una vida en una situación extrema. La noticia ha corrido como la pólvora y todos, Presidente incluido, están encandilados con este ejemplo para la sociedad.

Francia no quiere malíes: esa es la realidad política y electoral del país actualmente. Por una parte cada vez más franceses han ido votando sí en las primeras vueltas al Frente Nacional, especialmente contrario a la aceptación de inmigrantes. Tampoco el Presidente liberal Macron pretende abrir las puertas de la nación. Desde hace años el discurso público acerca de la inmigración se ha ido endureciendo por parte de los políticos de todo signo. No es un fenómeno exclusivamente francés, sino, en general, europeo.

Avec M. GASSAMA qui a sauvé samedi la vie d’un enfant en escaladant 4 étages à mains nues. Je lui ai annoncé qu’en reconnaissance de cet acte héroïque il allait être régularisé dans les plus brefs délais, et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l’accueillir. pic.twitter.com/xMpFlP1UFe

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 28 de mayo de 2018

Macron: refugiados sí, inmigrantes no. Es el resumen de su última reforma de la legislación migratoria. Quiere mejorar las condiciones de esa minoría de refugiados a los que finalmente se concede la acogida, agilizando los plazos administrativos y facilitando la reunificación familiar. Al resto de inmigrantes, sin embargo, desde febrero les toca someterse más controles y expulsiones, a un aumento del período de retención en centros al estilo de los CIEs, a menos tiempo para presentar recursos y a multas de hasta 75.000 euros y cinco años de cárcel, según el diario Le Monde, para quienes lleven un documento falso para permanecer en el país.

La trampa mediática: de esta forma el Presidente hace creer que su nueva política es tan humana como firme. La realidad es que el porcentaje de refugiados es muy inferior al de los inmigrantes, con lo que, en la práctica, va a perjudicar a muchas más personas que a las que va a beneficiar. En 2017 Francia recibió 100.000 solicitudes de asilo, y sólo aceptó 13.000 de todas ellas. Mientras tanto, el flujo de inmigrantes no nacionalizados que entra al país aumenta cada año en unas 140.000 personas. Nuestros vecinos del norte tienen en su conjunto 2.5 millones de inmigrantes no nacionalizados, mientras que en España son 3.5 millones y en Alemania más de 9.

Antiinmigración en la derecha… y en la izquierda: cinco años atrás y bajo el Gobierno del socialista Hollande ya se había iniciado ese repliegue migratorio. Fue muy conocido el escándalo de los 10.000 gitanos rumanos y búlgaros que fueron expulsados de forma forzosa del país por generar "mendicidad y delincuencia". No se les había informado previamente. El Ministro de Exteriores, Manuel Valls, dijo que ni Rumania ni Bulgaria "estaban preparadas" para integrarse en el espacio Schengen. Despliegue policial mediante, se detuvo y exportó a una joven gitana de 15 años de origen kosovar en plena excursión escolar, algo que indignó a la opinión pública y que recibió por parte del entonces Presidente el permiso para volver al país siempre y cuando volviese sola y se separase de su familia.

Asimilación: es la palabra clave empleada desde siempre cuando los galos hablan de su problema de absorción migratoria. Según muchos, el problema no es la procedencia o el color de piel, sino la falta de aceptación de la cultura regional del destino que estos migrantes han escogido. Serviría por ejemplo para enmarcar tanto las trifulcas violentas como la vestimenta musulmana femenina, dos problemas que no afectan sólo a los recién llegados, sino a los hijos de inmigrantes (es decir, a los franceses) que ya viven allí.

Colombia busca presidente para el incierto futuro del proceso de paz

Los colombianos dan este domingo el primer paso en la elección del nuevo presidente. Si se cumplen los pronósticos, esta primera vuelta dejará definidos a los dos candidatos que se disputarán la Casa de Nariño el próximo 17 de junio, en la segunda y definitiva vuelta electoral.

Las proyecciones muestran a Iván Duque, del Centro Democrático, y a Gustavo Petro, de Colombia Humana, como los dos con más opciones. Incluso hay quienes piensan que alguno de ellos puede obtener el triunfo en primera vuelta. Y hay un tercero, Sergio Fajardo, de la Coalición Colombia, que bien puede ser la gran sorpresa. Sea como sea, la fecha es histórica para el país, pues es la primera en más de 50 años sin la presencia y presión del grupo guerrillero FARC. Además, será recordada por contar con la participación de un candidato de izquierda que por primera vez tiene una posibilidad real de dirigir el destino de la nación.

¿Qué país recibirá el nuevo mandatario cuando tome posesión el 7 de agosto? ¿Cómo recomponer la gobernabilidad en Colombia si los dos principales partidos y candidatos han atizado la polarización? Diferentes analistas responden a esas preguntas.

Fractura del consenso

Para Andrés Molano, del Instituto de Ciencia Política, «el consenso social y político se viene fracturando de tiempo atrás y esa ruptura se profundizó durante el gobierno Santos». A su juicio, el gran desafío es «reconstruir el consenso social y político que permita diversidad y pluralismo», dentro de «un Estado social de derecho respetuoso». Y el pronóstico no es muy alentador para Molano: «Serán cuatro años muy complicados, con tremendos desafíos por temas de corrupción y su impacto en la credibilidad de las instituciones; por la necesidad de reformas urgentes para dar sostenibilidad a la salud, la justicia, el sistema electoral, las pensiones y la reforma territorial». ¿Y qué hacer con el acuerdo de paz? «El que llegue tendrá que ajustar la implementación, que está haciendo agua por todos lados», afirma.

Eduardo Pizano, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, considera que lo atípico en estas elecciones es la presencia de un candidato de izquierda. «Terminado el conflicto con las FARC, se legitima la izquierda como una fuerza política importante, como en muchísimos países del mundo». Colombia ha logrado «avances significativos en cobertura de servicios que provee el Estado, pero hemos fracasado en la generación de ingresos y en una mala distribución de los mismos», apunta.

En todo caso, el nuevo presidente deberá buscar consensos para sus reformas. «El Congreso sí le dará gobernabilidad al próximo presidente en caso de que sea Duque», afirma el analista Mauricio Reina. Los partidos de centro derecha o derecha sí suman una mayoría que le daría gobernabilidad a un presidente de esa tendencia, pero si gana Petro, «no lograría un 30% de alianzas en el Congreso», lo que dificultaría las reformas, advierte.

El panorama económico que recibirá el próximo presidente no aparece muy despejado. Para Reina, economista e investigador asociado a Fedesarrollo, principal centro de pensamiento económico del país, «la economía cayó en una trampa de bajo crecimiento luego de crecer a más del 4,5% durante más de 10 años. Ahora a duras penas aspiramos a arañar un 3.5%». Eso significa que es prioritario hacer crecer la economía, «pero en un contexto delicado, pues hay apremio por una reforma tributaria, pensional y es fundamental trabajar en la distribución del ingreso. Quien ignore estos tres temas estará pifiado en términos económicos», indica.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), tiene una perspectiva algo diferente: «La economía está saliendo de una desaceleración muy fuerte, tras culminar el ajuste a la que estuvo obligada por la caída de los precios del petróleo». Las discusiones sobre el proceso de paz, señala, «dejaron afectada la confianza en la economía y crearon gran incertidumbre, pero los indicadores ya muestran que el gobierno entregará la economía en buenas condiciones, a diferencia de como la recibió Santos en 2010». «El próximo será el primer presidente desde 1994 que reciba una economía creciendo y sin riesgo para los negocios por el conflicto armado», destaca. A diferencia de Reina, considera que si bien «se debe hacer una reforma tributaria, no hay urgencia».

En cuanto a la seguridad, para Restrepo es una incógnita: «Hay varios procesos en curso, donde el más importante es cómo el crimen organizado reacciona frente a las nuevas condiciones de seguridad en el territorio». El fin del conflicto, al amparo del cual creció el crimen organizado, «cambia todo para esas organizaciones y no solo afecta el tráfico de drogas, sino de personas, armas, oro, maderas finas, ente otros», apunta.

Brasil, hacia el colapso en su quinto día del paro de camioneros

Falta gasolina en las principales ciudades del país, los alimentos en los supermercados o están escasos o cuestan «un ojo de la cara» y varios aeropuertos están a punto de cerrar por falta de combustible para los aviones. Al quinto día de un paro de camioneros, Brasil se asoma al colapso, mientras los huelguistas y el Gobierno no llegan a un acuerdo para bajar el precio del diésel, entre otras demandas.

En la carretera Dutra, que conecta los dos principales estados del país, São Paulo y Río de Janeiro, los camiones cargados de alimentos y combustibles esperan desde el lunes que el presidente Michel Temer baje el diésel, que ha subido al ritmo de los precios internacionales, pero también presionado por la nueva política de Petrobras, que después de ser el corazón de un escándalo histórico, se rige por el mercado y no más por el estado.

Según los sindicatos que encabezan la paralización, el aumento del combustible está consumiendo un 70% de lo que ganan. La Confederación Nacional de los Transportadores Autónomos (CNTA), informó que viene intentando acuerdos con el Gobierno hace más de un año, no sólo sobre el diésel, sino también por los peajes, y que comenzó la huelga porque no fue oída después de mucho intento.

El paro del principal eslabón de la cadena logística brasileña, centrada en su red de autopistas, ha desencadenado un efecto dominó desastroso, que está llevando a los brasileños a recordar sus peores años, especialmente los 80, cuando se vivía la hiperinflación, filas y la escasez de casi todo. Los productores de leche están tirando su producción que se malogra, así como los de verdura y otros productos perecederos. Las industrias están con estoques llenos y sus líneas de producción paradas.

Temer convoca una reunión de emergencia
«Hay cargas a granel en la exportación que no salen del país o no llegan a los puertos, afectando sensiblemente la balanza comercial», explica el abogado aduanero Rogério Zarattini Chebabi, que ve la posibilidad de un colapso en el puerto de Santos, el principal de América Latina, si es que se suman a los camioneros otros sindicatos de la logística que amenazan con parar.

Temer convocó una reunión de emergencia después que los camioneros no cumplieron un acuerdo acertado entre el Gobierno y los sindicatos el jueves en la noche, que congelaba el valor del Diésel y suspendía la huelga por dos semanas.

Brasil tiene 15 millones de camioneros que viajan un país continental llevando por vía terrestre prácticamente todo lo que se produce y consume, un sistema considerado obsoleto, que es considerado el principal cuello de botella en los altos costos brasileños.

Pese a las dificultades, la mayoría de los brasileños viene apoyando a los camioneros, porque el aumento de la gasolina, que recibía subvenciones y era controlada durante los años del Partido de los Trabajadores (PT), ha impactado duramente el presupuesto doméstico desde que Temer asumió la presidencia, en 2016.

Suspenden audiencia de apelación a sentencia contra Glas

La audiencia de apelación a la sentencia de 6 años de prisión contra el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, dentro del caso Odebrecht fue suspendida la tarde de este miércoles 23 de mayo de 2018. 

La fecha de reinstalación de la diligencia será notificada por parte del Tribunal, audiencia en la que dará a conocer su resolución. 

Se suspendió audiencia de apelación a la sentencia solicitada por Jorge G., exvicepresidente y otros, por el delito de asociación ilícita en el #CasoOdebrecht. El Tribunal notificará a las partes procesales la fecha de reinstalación, donde dará a conocer su resolución. pic.twitter.com/xD1usmAbMT

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 23 de mayo de 2018

La audiencia se había instalado la mañana del miércoles 23 de mayo. 

El recurso de apelación fue presentado por Glas, su tío Ricardo Rivera, Édgar Arias, Képler Verduga, Ramiro Carrillo y Carlos Villamarín. También apeló el acusador particular César Montúfar. La sentencia fue emitida el 13 de diciembre de 2017. 

Glas, en prisión por delitos de corrupción vinculados a la red de sobornos de la empresa Odebrecht a cambio de obras estatales, dijo en la mañana que el proceso en su contra responde a una “persecución política”.  

“La Fiscalía llevó mal esa investigación, allí existió un elemento político que distorsionó por completo la actuación del juicio y generó una alarma social innecesaria que, en una mezcla de odio y de conductas que no son propias de un país civilizado nos condujo  a terminar en una sentencia írrita y que está siendo en este momento apelada para regresar al estado de derecho”, explicó Alejandro Vanegas, abogado de Glas.  

Montúfar manifestó que si no se hubiera aplicado la favorabilidad para Glas, su sentencia hubiera sido mayor.  

“Fue una apelación absolutamente superficial. En realidad la pena de Glas de 6 años tiene que ver precisamente porque se aplicó el principio de favorabilidad, si se hubier aplicado el Código Integral vigente hubiera sido de 6 años 8 meses, o incluso se pudo haber ya pensado en aplicar el delito de delincuencia organizada, lo cual ya aplicaba una pena de 7 a 10 años”. 

También pidió que se defina el monto de la indemnización que debería pagar Glas al país.